GOBIERNO DEL ESTADO CRIMINALIZA LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS DEL SITTGE
· Medios de comunicación difunden supuesta denuncia penal del gobierno del estado contra el SITTGE, considerando las protestas públicas que han realizado sus integrantes, como presuntos delitos, criminalizando así, la libertad de asociación, organización, manifestación y expresión.
· La presunta denuncia penal no ha sido notificada oficialmente al Sindicato, por lo que es una amenaza emitida por parte de la autoridad estatal, denunció su tesorera, Francisca Reséndiz Lara, responsabilizando al gobernador de cualquier daño a su integridad física, patrimonial y moral que pueda sufrir.
· Ante ello, informó que con apoyo de la Federación Sindical Mundial se prepara una demanda contra el gobierno estatal, por la violación a los derechos humanos y laborales, de las y los trabajadores estatales adheridos al sindicato.
· Refirió que las manifestaciones públicas “no son por gusto”, se llevan a cabo para exigir al gobierno del estado cumpla con el compromiso del gobernador el 22 de febrero, de resolver todas las demandas del sindicato, y para solucionar la minuta del ocho de abril, pues los funcionarios estatales se niegan a hacerlo.
El Gobierno del Estado criminaliza el ejercicio de la libertad de organización, manifestación y expresión de las y los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, al presuntamente iniciar una demanda penal en su contra “por considerar las protestas pacíficas que ha realizado, como supuestos delitos en contra de la sociedad, ilícitos que sólo existen en su imaginación”, señaló la tesorera del Sindicato, Francisca Reséndiz Lara.
Ante la situación, informó que, con el apoyo de la Federación Sindical Mundial, el SITTGE ya prepara una denuncia para presentarla ante la Organización Internacional del Trabajo, en contra del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por la constante violación a los derechos humanos y laborales, de sus trabajadores y trabajadoras, desde que inició la actual administración estatal.
Porque “en forma cobarde, y pasando por encima de todo el marco legal vigente, amenazan con instaurar procesos penales en contra de quienes hemos participado en esas manifestaciones públicas, por el simple hecho de demandar respeto a nuestros derechos humanos y laborales en forma pacífica”, destacó al señalar estar dispuesta, a que se ejecute una posible orden de aprehensión en su contra “aquí estoy, no me escondo, doy la cara, porque tengo las manos limpias”, afirmó en conferencia de prensa.
Aclaró que las manifestaciones públicas que se han realizado “no son por gusto, sino para exigirle al gobierno del estado el respeto a los derechos humanos y laborales de las y los integrantes del SITTGE, que son trastocados, vulnerados y pisoteados por la presente administración estatal”, dado que se niega a resolver sus demandas laborales, a pesar de que el propio mandatario estatal lo instruyó a su gabinete el 22 de febrero, y se comprometieron a solucionarlas mediante la minuta firmada el ocho de abril pasado.
“Nuevamente hago responsable al gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, de lo que suceda a mi persona en su integridad física, moral y patrimonial, así como en cada uno de las y los integrantes del comité ejecutivo, y de cada uno de sus miembros”, dijo ante la amenaza recibida, pues aclaró que es una amenaza, porque hasta el momento no se ha notificado oficialmente la supuesta demanda al sindicato, desconociendo quién la presentó y cuáles son los ilícitos que le achacan, sin tener defensa legal, ni debido proceso, criminalizando directamente a los integrantes del sindicato.
Pese a las agresiones, ataques, amenazas, e infundios, aseguró que “el SITTGE seguirá manifestándose, no nos detendrán”, para seguir informando directamente al mandatario estatal en todos sus actos públicos, que sus funcionarios no quieren cumplir su compromiso del 22 de febrero para atender las demandas laborales, ni resolver la minuta del ocho de abril, “no nos cansaremos hasta lograr que sean resueltas las demandas, peticiones, acuerdos, compromisos y minutas actuales y pasadas”, refrendó.
Refirió que con esa “cerrazón y violencia institucional”, el gobierno del estado constata que ya se nota el cambio, pero para mal, porque “ya se nota un gobierno que reprime las protestas ciudadanas con la fuerza bruta…, ya se nota un gobierno que se guía por la ley del garrote, no por el marco legal vigente, y ya se nota un gobierno que no quiere escuchar a sus trabajadoras y trabajadores, que, en lugar de darles respuestas y soluciones a sus justas demandas, los hostiga y amenaza con encarcelarlos”, añadió.
Reiteró que “el oficial mayor, Noé Lara Henríquez y el titular de la guardia estatal, José Luis Urban Ocampo se han dedicado a obstruir cualquier tipo de solución, respuesta y atención a tales compromisos, con el aval del secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien a su vez, ha mostrado total desdén en impulsar las acciones necesarias para que cumpla su palabra y la del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona”, resaltó, pues indicó que los avances en las mesas de trabajo han sido nulos.
Explicó que, al coartar la libertad de asociación, organización, manifestación y expresión, así como también negar el derecho de petición, al incumplir la minuta referida, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona viola los artículos sexto, séptimo, octavo y noveno constitucional, y dijo que al mandatario estatal le falta sensibilidad, trabajo administrativo y atención hacía sus empleadas y empleados, “Dios está molesto con tantas injusticias que ha tenido esta administración contra sus trabajadores”, concluyó.
fuente:https://elcantaronoticias.com/acusan-a-ricardo-gallardo-de-criminalizar-protestas-sindicales-en-slp/
