Sin que se haya generado ningún tipo de diálogo con las autoridades, el plantón del SITTGE avanzó ayer a su segundo día. La secretaria general, Francisca Reséndiz manifestó que el plantón se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta lograr la reinstalación de dos trabajadoras despedidas por instrucciones del Procurador Miguel Ángel García Covarrubias .
La lideresa del SITTGE insistió en que sus afiliadas no están obligadas a realizar exámenes de control y confianza, debido a que sus asignaciones laborales nada tienen que ver con los operativos anticrimen, razón por la que se han negado a sujetarse a dicho procedimiento.
Aseguró que, además, el procurador recurrió al despido de otra trabajadora que en razón de las dificultades de parto, en la que estuvo al borde de la muerte, se ausentó de sus labores más allá de los permisos otorgados, justificando su ausencia con las correspondientes licencias médicas, por lo que consideró que fue objeto de un trato arbitrario, inhumano e injusto.
Destacó que el proceder el procurador García Cova-rrubias no es nuevo, ya que, aseguró, el funcionario habría instruido a sus colaboradores para que estos suplieran la falta de elementos de seguridad con personal reasignado a otras labores.
debido a que han resultado heridos e incapacitados cuando estos se desempeñaron como agentes policiacos activos.
Insistió en que las secretarias afectadas por instrucciones del procurador ni siquiera portan un uniforme de policía, no han sido capacitadas en la Academia de Policía, carecen de habilidades para manejar armas –que no portan—y desconocen del todo el funcionamiento de los operativos; como ya se ha advertido en ocasiones anteriores, dijo Reséndiz, en enviar a personal en estas condiciones a combatir a la delincuencia, es exponerlos a ellos y a los ciudadanos que se busca proteger.
Reséndiz Lara dijo estar sorprendida de la reiterada actitud del procurador, quien no parece interesado en la seguridad del personal a su cargo, sino en llenar expedientes con cifras, aún cuando las personas designadas a realizar operativos de seguridad no reúnan el mínimo de las condiciones que tal encomienda reclama para ofrecer seguridad a los ciudadanos.
Indicó que el SITTGE ha comunicado de estas arbitrariedades a la OIT, la Federación Sindical Mundial y recurrirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
By Redaccion El Heraldo SLP on 4 enero, 2015
