San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara, indicó que a más de un año que se ratificara ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la denuncia penal contra el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, el Director de Pensiones, Oziel Yudiche Lara, y el ex Secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, por el desfalco del Fondo de Pensiones, por 1.3 millones de dólares, a la fecha no se tiene ningún avance en la investigación.
Ante esto Reséndiz Lara anunció que se va a girar un oficio al Congreso del Estado para pedir el cese del Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, el cual consideró que ha estado actuando de manera muy pasiva, si el fiscal no puede resolver este problema y si no puede que renuncie, “es una forma muy tibia de actuar por parte del fiscal, pues mientras el expediente se va engrosando no hay acciones concretas en este caso”, dijo.
También responsabilizó de todo este proceso al gobernador, Juan Manuel Carreras López, el cual ha sido complaciente al tener aún a Yudiche Lara, lo cual tal vez pudiera ser una imposición del anterior gobierno que siga ahí, pero aún así es complaciente el gobernador porque si ellos quisieran ya se hubiera dado una orden directa a las personas porque fue un daño al erario.
Reséndiz Lara explicó que acudió a la Procuraduría en donde se revisó el expediente respectivo y hay oficios girados por la Policía Ministerial en donde se está citando para que el director de pensiones haga un informe en 72 horas sobre el caso, pero es un oficio que no tiene firmas y que nada más está dirigido a él; hay otro dirigido al director de la Policía Ministerial en donde se está pidiendo los antecedentes de las personas involucradas en el caso, son cuatro oficios pero ninguno tiene sustento en cuanto a firmas.
Finalmente, consideró que esto es un encubrimiento total hacia las personas que hicieron ese fraude por ello da la impresión de que ese expediente nada más se está engrosando en papeles como una muestra de impunidad dentro del gobierno, “exigimos que se actúe, nosotros cumplimos con presentar la denuncia con pruebas y no se ha hecho nada, se hizo la denuncia el 14 de diciembre de 2016 y la ratificamos el 10 enero de 2017, no se ha hecho nada, el fiscal es cómplice porque no ha hecho nada”.
