• El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) denunció que hay oficinas estatales que “están paradas”, porque el gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona despidió al personal calificado y dejo a sus “recomendados” que sólo se dedican a “chismear” cuando se critica al mandatario estatal, para que sus jefes los hostiguen o los corran, denunció la Secretaria de Tesorería y fundadora del Sindicato, Francisca Reséndiz Lara
En la administración estatal hay oficinas gubernamentales que “están paradas”, porque no tienen personal calificado para que puedan cumplir con sus funciones sustantivas, pues las y los trabajadores capacitados y con experiencia, fueron despedidos ilegalmente para, en su lugar, meter a los “recomendados” del gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona, con el fin de pagarles favores políticos, denunció la Secretaria de Tesorería y fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
Refirió que al igual que en las elecciones del 6 de junio del 2021, cuando resultó electo el actual mandatario mediante el uso de la violencia, la amenaza y la compra de votos, lo primero que hizo al asumir el cargo fue despedir ilegalmente a más de 700 trabajadores y trabajadoras estatales, para ingresar a más de mil de sus allegados en sus lugares, ahora en los comicios del pasado dos de junio del presente año, el mandatario estatal nuevamente realizó una ola de despidos irregulares, para colocar a sus compromisos partidistas, en detrimento de la administración estatal.
Y reveló que, hoy, por lo menos van 25 casos de personal cesado irregularmente, esto en el Instituto Temazcalli, la Dirección del Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Económico y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, a quienes les negaron el acceso a sus centros de trabajo, porque las y los empleados afectados se negaron a demostrar con fotografías que votaron por el proyecto político del gobernador, así como por no asistir al cierre de campaña de la candidata a senadora, alegando defender la libertad del voto y su secrecía, motivo suficiente para que los corrieran, dijo.
Explicó que el personal que impuso el mandatario estatal, en su gran mayoría lo único que hacen es “chismear” cuando alguien crítica al gobernador, para que sus respectivos jefes los hostiguen y hasta despidan, pues está prohibido disentir del titular del poder ejecutivo estatal, además, tal gente se dedican a “rellenar” sus eventos públicos, para que le echen porras y vivas, pero ello ha repercutido en una menor calidad en los servicios que presta la autoridad estatal, porque cada vez son menos los empleados estatales más capacitados y con más experiencia.
Refirió que los organismos gremiales a los que pertenecen las y los trabajadores afectados, les negaron el apoyo para defender sus derechos laborales, porque tales sindicatos están sometidos al poder del mandatario estatal, por lo que no quieren apoyar a sus agremiadas y agremiados, pero, indicó que en el caso del SITTGE no es así, pues, dijo, que aquí se sigue adelante en la lucha por cada uno de las y los empleados estatales, “porque sí en sus organismos gremiales los ignoran, aquí sí los escuchamos y atendemos”, añadió.
“Los invitamos a que se unan a nuestra lucha, porque aquí no los vamos a dejar solos, porque se trata de unir fuerzas para formar un frente, para obligar al mandatario estatal a que se guíe por la ley y la justicia, y respete nuestros derechos humanos como gobernador, y laborales como parte patronal”, afirmó.
Precisó que a la fecha hay 413 miembros del SITTGE que fueron despedidos ilegalmente, mientras que a otros 80 no les pagan su sueldo, pese a que cumplen con sus jornadas laborales, además de que hay cuatro miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato que tienen retenido su salario sin justificación legal, por no querer renunciar al organismo gremial, además de que a los que les pagan, les realizan descuentos “hormiga” irregulares, en donde ya les deben más de un millón 800 mil pesos, por lo que le demandó al mandatario reinstalar a los despedidos y pagar los adeudos.
Recordó que aunque ataque al Sindicato, es una realidad que el gobernador es el principal responsable de la insolvencia del fondo estatal de pensiones, pues le debe más de 4,700 millones de pesos que retiene ilegalmente en las cuotas que le corresponden como patrón y en las que descuenta de la burocracia, pues no se los deposita, aunque mienta al asegurar que tal sistema tiene salud financiera, pues denunció que se niegan nuevas jubilaciones, créditos y préstamos, porque no hay recursos, y en el servicio médico estatal, las operaciones quirúrgicas se aplazan por tal razón.
“Tenemos un caos con los trabajadores, porque este gobierno en donde ve dinero, agarra y agarra, sin medir las consecuencias”, concluyó.
