REPRESIÓN DE GALLARDO CARDONA, FUE ALENTADA POR OMISIÓN DE LÓPEZ OBRADOR
• Se señaló que el secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez ofreció una solución al SITTGE, pero que rechazó el oficial mayor, Noé Lara Henríquez, para posteriormente reprimir a las y los trabajadores en forma ilegal y artera.
El Presidente, Andrés Manuel López Obrador es responsable de la represión que sufrieron las y los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), al ignorar las peticiones de justicia laboral que se le han enviado, ante la cerrazón del Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona para resolver la problemática que generó en su contra desde que asumió el cargo, señaló la fundadora y secretaria de tesorería, Francisca Reséndiz Lara.
En conferencia de prensa, señaló que el mandatario federal no ha actuado para frenar los abusos de Gallardo Cardona, ni tampoco lo ha hecho la Secretaría de Gobernación federal, resaltando que la pasividad de la federación, alentó que pisoteará sus derechos, incumpliera la minuta del ocho de abril del 2022, y los engañará con una presunta solución a sus demandas, propuesta por el secretario general, José Guadalupe Torres Sánchez, que desconoció el oficial mayor, Noé Lara Henríquez.
Ejemplificó que de 270 trabajadores que Torres Sánchez prometió pagarles la mitad de sus adeudos salariales, que habría otra reunión para dispersar el recurso, y que no retiraría el plantón con la fuerza pública, nada cumplió, Lara Henríquez sólo ofreció siete cheques con cantidades menores, y la supuesta mesa de trabajo, fue un garlito para ganar tiempo, para en forma sorpresiva, “como delincuentes” en la noche, enviar a más de 80 policías estatales a reprimirlos.
“Así cualquiera puede gobernar con tantos elementos de seguridad, con tanta fuerza pública, no se necesita tener capacidad, ni ser estudiado, porque se tiene la fuerza bruta”, dijo tras detallar que cinco agentes golpearon arteramente a un trabajador que tiene discapacidad motriz, generándole lesiones que lo mantienen hospitalizado, y a dos empleadas les causaron esguinces por la violencia con que las retiraron de la manifestación, como respuesta a su demanda de cumplir la minuta.
El presidente en México de la Liga Internacional de los Pueblos, Miguel Ángel Wong Soto destacó que tal organismo, y la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular rechazan la conducta represiva del estado potosino contra el SITTGE, al actuar cobardemente con el uso excesivo de la fuerza pública contra hombres, mujeres y niños, demostrando su incapacidad para responder a las demandas laborales, por lo que denunciará la represión en eventos nacionales, e internacionales.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista de México, Marxista Leninista, Omar Garibay Guerra, el integrante de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, Agustín Ocaña Corona, y el integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, Daniel Piñera Millán respaldaron al SITTGE, denunciando que el gobernador “y a sus súbditos”, no obstante a tener una negociación con el Sindicato, no la respetaron y generaron una situación de violencia en su contra, asegurando que no están solos y tienen apoyo nacional, e internacional.
El asesor legal, Francisco Parra Barbosa aseguró que en San Luis Potosí “no hay estado de derecho, hay derecho de estado” porque con la represión, el gobierno estatal violentó derechos humanos, laborales y sindicales de las y los trabajadores, mostrando que el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no son autónomos, y actúan por consigna de Gallardo Cardona, para violar la ley con el desalojo ilegal.
En la conferencia de prensa, se dieron testimonios de los trabajadores y trabajadoras que sufrieron la golpiza de los agentes estatales, resaltando que éstos portaban arma de fuego, que no les importó la presencia de niñas y niños cuando les pegaban, así también denunciaron que hubo un intento de secuestro de un trabajador discapacitado de seguridad pública, por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal ordenado por su titular, José Luis Urban Ocampo y el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, responsabilizándolos de los daños que puedan sufrir ellas y ellos, o sus familiares.
