El Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona utiliza a la Auditoría Superior del Estado para acusar falsamente al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado, y emplea a la Dirección General de Pensiones junto con el Poder Judicial del Estado, para iniciar embargos de viviendas de trabajadores despedidos, denunció la secretaria de tesorería del Sindicato, Francisca Reséndiz Lara.
• Le demandó al mandatario estatal cese el hostigamiento y violencia institucional, y deje de utilizar a las instituciones como “garrote político” en contra del organismo gremial, y en lugar de agredirlos, mejor cumpla las minutas del 8 de abril del 2022 y del 21 de abril del 2021, que se comprometió atender.
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• Trabajadores recuerdan la represión policial del 15 de septiembre del 2022, y señalaron que a pesar de denunciarse ante la Fiscalia General del Estado, no ha iniciado siquiera el trámite de tal querella.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) denunció que el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona inició una nueva embestida de violencia y terrorismo institucional en su contra, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Dirección General de Pensiones (DGP) en colusión con el Poder Judicial del Estado (PJE), al utilizar a tales instituciones como “garrote político” para pegarles, en el primer caso para acusar falsamente y sancionar al organismo gremial, y en el segundo quiere quitarles sus viviendas a trabajadores desempleados, denunció su secretaria de tesorería, Francisca Reséndiz Lara.
En conferencia de prensa, reveló que la encargada de despacho de la ASE, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez amenaza con aplicar severas sanciones administrativas y económicas al SITTGE, al exigirle comprobar el pago de salarios de trabajadoras, pues el organismo fiscalizador pretende aplicarles ilegalmente la legislación que corresponde a entidades gubernamentales, cuando es la organización de los trabajadores, explicó, pues dijo que tal institución fiscalizadora carece de facultades para intervenir en el ámbito laboral, por lo que con su “actitud pendenciera” viola la libertad sindical y comete actos de discriminación, acoso y violencia laboral.
Con lo que pasa por encima de los artículos 123 y 133 de la Constitución Federal, y de los Convenios Internacionales 87, 98, 111 y 190 que el país tiene firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proteger tal libertad sindical y los derechos laborales de sus miembros, además de que pisotea la Ley Federal del Trabajo, que le impide al patrón intervenir en la vida interna del Sindicato, mediante represalias implícitas o explicitas contra los empleados, como lo hace el Gobernador al utilizar a las instituciones en contra del Sindicato, con lo que aporta más elementos para fortalecer las dos denuncias que el SITTGE presentó ante la referida Organización.
Expuso que la encargada de despacho, ocupa ilegalmente el cargo, por no haber sido nombrada por el poder legislativo estatal, además de que ella misma violenta la autonomía del organismo fiscalizador que la ley le obliga, porque responde a instrucciones del mandatario estatal, “para presionar, hostigar y reprimirlo institucionalmente, utilizando a la ASE como un garrote político” en contra del SITTGE, por lo que le demandó a Gallardo Cardona cese inmediatamente las acciones de amedrentamiento institucional, y en su lugar cumpla su compromiso de resolver todos los puntos de las minutas del 8 de abril del 2022 y del 21 de abril del 2021.
De igual forma Reséndiz Lara denunció que mediante la DGP y los tribunales del PJE, el mandatario estatal agrede a los trabajadores que él mismo despidió ilegalmente, con presuntos procesos de embargo de sus viviendas y bienes, porque al quitarles el empleo, Gallardo Cardona los dejo sin ingresos económicos fijos, y a pesar de que el mismo Gobernador se comprometió a reinstalarlos en sus puestos de trabajo, como lo firmó su gobierno mediante sus funcionarios estatales en la referida minuta del año pasado, no lo ha hecho, y en lugar de apoyarlos en sus carencias, actúa como un “agiotista y usurero” para cobrarles lo que no tienen, por culpa del mismo mandatario.
El subsecretario de recursos humanos del Comité Ejecutivo del SITTGE, José Jorge Cato Trujillo, y el asesor jurídico sindical, Francisco Parra Barbosa señalaron que “el 15 de septiembre no se olvida”, porque refirieron que ambos sufrieron en carne propia la cruenta represión policial que el mandatario estatal ordenó, cuando se encadenaron a los barrotes de las ventanas del Palacio de Gobierno para exigir el pago de sus sueldos, pues aunque trabajaban en el gobierno estatal les retuvieron ilegalmente su salario, al primero le rompieron un dedo cuando lo retiraron violentamente más de 50 agentes estatales, y al segundo le causaron un shock hipoglucémico por el maltrato que le dieron al ser diabético, lo que puso en peligro su vida y lo obligó a hospitalizarse.
Indicaron que fueron cinco los que se encadenaron, y recordaron que a los otros tres, los golpearon y los encarcelaron en los separos de la policía municipal por más de 12 horas, sin que hubiesen cometido delito, o infracción alguna, por lo que el juez instructor los liberó porque no había elementos para mantenerlos detenidos, dijeron que en la represión también participaron personas civiles con apariencia de pandilleros, que querían provocar al resto de manifestantes que ocupaban la Plaza de Armas, y funcionarios estatales que golpeaban y manoteaban a los trabajadores, pero éstos no les hicieron caso y mejor se retiraron, para evitar sufrir más violencia física.
Además, relataron que ese mismo día elementos de la Policía de Investigación pretendieron ingresar a la sede del SITTGE ubicada en la Avenida Juárez #250, quisieron hacerlo con engaños, presuntamente para hacer efectivas supuestas ordenes de aprehensión, lo que se denunció ante la Fiscalia General del Estado, sin que a la fecha se le haya dado tramite.
