Líder del Movimiento Izquierda Socialista, Roberto Robaina participó del congreso que marcó la fusión de dos organizaciones marxistas y revolucionarias.
Hay una reorganización de la izquierda revolucionaria en México, ligada al deseo de reestructurar los movimientos populares y sindicales en el país, que puede -y debe- ser mirado con atención e interés por aquellos grupos que se dicen internacionalistas, marxistas y revolucionarios, especialmente los latinoamericanos. En los últimos días de enero, la Ciudad de México fue sede del congreso que marcó la fusión de dos organizaciones marxistas y revolucionarias, reuniendo alrededor de 200 cuadros militantes de todo el país. Ambos ya trabajaron juntos en la práctica, pero se propusieron sellar acuerdos y principios, vislumbrando el fortalecimiento político de este eje de ideas y acciones: la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) y la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR). El primero con estructura nacional, cuya mayor fortaleza está en Chiapas, la región sur del territorio mexicano que fue cuna del zapatismo, y el segundo vinculado a la IV Internacional. Juntos formaron el Movimiento Socialista del Poder Popular (MSPP). En el mismo período, tuvo lugar el Foro de la Lucha Internacional contra la Derecha, en el que se discutieron estrategias para contener el avance de la extrema derecha en el mundo.
El Movimento Esquerda Socialista (MES) fue una de las organizaciones que participó en los actos con la presencia del líder Roberto Robaina como uno de los invitados, junto al diputado y militante anticapitalista español Miguel Urban y la activista feminista Heather Dashner, de México. Allí se hizo evidente, como percepción común a todos, la necesidad de aprovechar el momento político para reestructurar la lucha de clases y los movimientos obreros, no sólo en México, sino en todo el mundo, fortaleciendo las organizaciones obreras tan masacradas por la lógica del capitalismo neoliberal.
México fue el precursor de los reveses electorales que sufrió la extrema derecha en América al garantizar la victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018. Tras décadas bajo el dominio de las burguesías oligárquicas reaccionarias, representadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), los mexicanos lograron elegir un gobierno progresista, estableciendo una nueva relación de fuerzas políticas que permite una reorganización de las masas para satisfacer las demandas de las clases trabajadoras. A raíz de los procesos electorales latinoamericanos se vieron importantes levantamientos populares, como el de Chile, donde la población salió a la calle e impulsó, en 2019, las llamadas revueltas sociales y, tres años después, colocó al ex dirigente estudiantil Gabriel Boric en el mandato presidencial. En Colombia, las protestas de 2021 fueron una reacción al anuncio de reformas del entonces presidente Iván Duque que perjudicaba a los más pobres. El año pasado, el pueblo del país andino llevó al poder al candidato de izquierda, el ex guerrillero del M-19 Gustavo Petro. Todos estos movimientos precedieron a otro fracaso electoral de la extrema derecha: la victoria de Lula sobre Bolsonaro en Brasil.
Esperanzas sin ilusiones ante los nuevos gobiernos
Pero en todos estos procesos, es importante no conformarse con ilusiones. Y esta conciencia de la configuración real de los gobiernos sienta las bases de la lucha que pretende instaurar el nuevo MSPP mexicano. Como ninguno de estos gobiernos, Lopez Obrador no está caracterizado, entre los miembros del MSPP, como un gobierno anticapitalista. Los dirigentes que buscan un sindicalismo independiente en el país -los sindicatos mexicanos, por regla general, fueron cooptados por los gobiernos- tampoco reconocen así su mandato, ni cuentan con un partidario del sindicalismo independiente. Sin embargo, la derrota del PRI, PAN y PRD y los cambios en el panorama político de Latinoamérica antes mencionados, traen un soplo de esperanza en días mejores, sin por ello disminuir la necesidad de lucha y organización. El gobierno de AMLO no se puede comparar con los anteriores, muy ligados a las oligarquías burguesas y la corrupción.
En México, medidas como el establecimiento de un subsidio de US$ 300 para ciudadanos de más de 65 años, el fortalecimiento de la moneda local, que permitió que el peso mexicano se valorice un 20% frente al dólar, y el intento de reformular el sector energético, fueron fundamentales para que Obrador sacara adelante lo que proclamó el gobierno de la 4ta Transformación (4T). Los tres primeros estarían vinculados al proceso de independencia del país, en 1821, a las reformas a lo largo del siglo XIX y a la Revolución Mexicana (1910-1917), en la que el movimiento encabezado por Emiliano Zapata derrotó a la dictadura de Porfírio Díaz.
Pero queda mucho por hacer para tener realmente un desarrollo económico sostenible para las clases trabajadoras, las más afectadas por la reciente crisis capitalista, que se desarrolla desde 2008 y se ha agravado con las consecuencias del cambio climático -sequías persistentes o inundaciones con daños a la agricultura-, con la pandemia del Covid-19, que afectó a los sectores de servicios en todo el mundo, y con la guerra en Ucrania, que fomentó la inestabilidad en el sector energético.
Existen importantes limitaciones y contradicciones en el programa obradorista. Estos incluyen mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) con Estados Unidos y Canadá, incorporar a sus filas a representantes de la oligarquía, no realizar expropiaciones, mantener el pago de la deuda pública y respetar los contratos y concesiones mineras, de donde surgen los conflictos laborales. Es decir, se mantuvieron aspectos clave de la economía neoliberal. Obrador tampoco implementó medidas como el impuesto a las grandes fortunas y el freno a la violencia que impone el narcotráfico a las comunidades campesinas e indígenas.
Hay que aclarar que Morena, el partido de Obrador, está formado por varias clases y tiene una orientación burguesa, cuyo esfuerzo se limita a “humanizar” un poco el capitalismo, lo que genera buena impresión en las masas y ganancias electorales. Las corrientes más de izquierda ya se subordinan a esta lógica bajo el argumento de la unidad para gobernar. Entonces, estructuralmente no cambia nada, aunque no sea un gobierno comparable al PRI. En gran medida, esta configuración es similar a la del gobierno de Lula en Brasil. Contradicciones similares con matices locales.
En ambos países es una tarea urgente para la izquierda revolucionaria fortalecer los movimientos sociales tanto desde el punto de vista organizativo como político, garantizando fuerza, unidad e independencia política del Estado. Esta independencia es urgente, porque en México hubo un enfriamiento de movimientos tras la victoria de Obrador, como se vio en Brasil a principios de la década de 2000 con el primer mandato de Lula. No es posible combatir la extrema derecha sin fortalecer las organizaciones sociales y obreras.
El MSPP quiere revigorizar la lucha de clases y asegurar que las agendas queridas por los movimientos sociales no sean absorbidas por el discurso conciliador y la gobernabilidad con la burguesía. Se trata entonces de una reestructuración para hacer cumplir el compromiso del cese de la violencia y el proceso de militarización del país, con la nacionalización de sectores estratégicos, como la energía y el transporte, institución de renta básica universal para mayores de 18 años, a partir de una reforma fiscal en la que los ricos paguen más, apreciación de los salarios, reducción de la jornada laboral a 30 o 35 horas semanales, entre otras demandas urgentes.
Por un sindicalismo independiente
Durante más de cuatro décadas, México ha vivido los efectos de la política neoliberal dictada por las multinacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son efectos económicos, pero sobre todo culturales y sociales. Muchas privatizaciones y debilitamiento de empresas estatales, que ya rondaban las 1.200 empresas. El sindicalismo, evidentemente, entró en crisis, sufriendo severos ataques a las conquistas obreras que se remontan a la Revolución Mexicana (1910-1917). México fue el primer país de América Latina en otorgar constitucionalmente todos los derechos laborales, como francos, salario mínimo, vacaciones, seguridad social, etc.
La derrota del PRI reforzó la necesidad de reestructurar el movimiento sindical independiente. Sindicatos y abogados laborales abogaron por una Reforma acorde a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que garantice derechos históricos. En 2019 se aprobó la Reforma Laboral. No abarcó todo lo que interesaba al movimiento sindical, pero avanzó en la medida en que preveía elecciones -con voto y urnas secretas- de dirigentes, representantes y comités sindicales, además de la igualdad de género en la ocupación de cargos en los sindicatos.
“Desde el punto de vista legal, se abren todas las posibilidades de una reorganización sindical para formar sindicatos independientes del gobierno”, evalúa Raúl Lescas, director del Instituto de Formación Política de la Confederación Nacional de Sindicatos Independientes de México, entidad que se encuentra en cargo de este nuevo intento de reorganización sindical sin el dominio del gobierno, de los partidos, de la clase patronal ni de ninguna otra fuerza que no sea la de los propios trabajadores, que actualmente representan alrededor de 40 millones de personas en México.
El desafío de un movimiento sindical independiente está planteado. Es un desafío histórico que se remonta a fines de la década de 1950, cuando se luchaba por la democratización del gremio ferroviario, a costa de más de 10.000 presos solo en la categoría. En San Luis Potosí, desde hace más de dos décadas, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras se resiste a que se respete su libertad sindical.
Hay otro frente de combate no menos importante en esta reestructuración sindical propuesta por la Confederación: aumentar la tasa de sindicalización, que actualmente no llega al 10% de la población ocupada en México, y sigue siendo un reflejo del desempeño no-combativo, que durante décadas han venido corporativizándose con los gobiernos y sometiendo a la clase obrera a los intereses de quienes la explotaban.
Como resultado, la formación política ganó prioridad en la reestructuración. Lescas señala que es a través de esta formación política que cuadros de dirigentes y líderes entre los trabajadores más capaces de defender la autonomía sindical y evitar repetir los errores del pasado:
“Esta reestructuración implica desorganizar los sindicatos no-combativos y organizar a los trabajadores desorganizados. Y la formación política tiene que ir de la mano de esta reestructuración. La base para transformar nuestro país debe venir desde abajo, no desde arriba. Tiene que venir de los trabajadores del campo y de las ciudades y de los servicios”.
Bruna Porciúncula
Fuente : https://movimentorevista.com.br/2023/02/la-reestructuracion-que-la-izquierda-revolucionaria-y-el-sindicalismo-en-mexico-quieren-llevar-a-las-calles/
