- En conferencia de prensa, el SITTGE desmintió el dicho del Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona de que la trabajadora que murió por no atender su salud, al carecer de recursos económicos y servicio médico, por haberla despedido, no era empleada estatal, comprobando que lo era, y denunciando que no quiere dar los adeudos laborales a sus deudos.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) comprobó con documentos oficiales que la finada compañera, María Antonieta Vargas Guerrero era trabajadora estatal debidamente registrada como su afiliada ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA), desde el 5 de mayo del 2017, con una antigüedad de 22 años de trayectoria laboral, desmintiendo la afirmación del gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona de que era becaria y no tenía relación laboral.
En conferencia de prensa, la secretaria de tesorería y fundadora del Sindicato, Francisca Reséndiz Lara lamentó que el mandatario estatalquiera evadir su responsabilidad en el deceso de la compañera, cuando él la despidió ilegalmente, dejándola sin ingreso económico, ni servicio médico, lo que agravó su salud y propició su muerte, y que hoy, quiera evitar el pago del adeudo laboral de más de 548 mil pesos que tenía con ella, para entregarlo a sus deudos sobrevivientes, violando así el marco legal laboral vigente.
Demandándole a Gallardo Cardona que también atienda los 27 casos de miembros del Sindicato con severos problemas de salud, sin servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque él se los canceló, lo que agrava su condición física, instándolo a que les devuelva el derecho a la salud, como se lo ordenó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y exigiéndole cumpla la minuta que sus funcionarios firmaron el 22 de abril del 2022, para que les regrese el empleo que ilegalmente les quitó.
“Y que no la haga de cuento ratero, que atienda, o sea, que no con denostar y echar la culpa a quienes no la tenemos, quiera zafarse de una obligación que él tiene como gobernador del estado, y como patrón de los trabajadores de gobierno” para resolver la referida problemática, dijo.
De igual forma, señaló que la única respuesta que han tenido por parte del mandatario estatal, ha sido el inicio de una cruenta campaña de desprestigio en su contra, a través de diversos medios de comunicación oficialistas y personeros “que se han dedicado a denigrar mi condición como mujer, con insultos y difamaciones, ejerciendo violencia política de género contra mi persona”, por lo que adelantó que procederá legalmente denunciando al gobernador ante las instancias correspondientes, para que las instituciones protejan su integridad humana ante sus ataques.
Por su parte, el asesor jurídico del SITTGE, Francisco Parra Barbosa señaló que el que Gallardo Cardona niegue la relación laboral de la finada trabajadora con el gobierno estatal, no lo exime de entregar su adeudo de salarios y prestaciones a sus familiares, por haberla despedido ilegalmente, y aseguró que aunque haya muerto la afectada, “el Sindicato va a seguir defendiendo sus derechos de manera póstuma” pues criticó que violento sus derechos humanos y laborales cuando vivía, y quiere dañarla aún fallecida.
Indicó que el gobernador quiere robar los recursos que pertenecen a la familia de la finada, “ya no sólo violentó los derechos laborales de la trabajadora en vida, sino ahora lo sigue haciendo ya muerta, al desconocer que la misma era su trabajadora, y con ello, pretender no pagar a sus familiares sobrevivientes lo que económicamente les corresponde por ley, con lo que apropiando para él de los recursos públicos que está obligado a entregar a quien fuera trabajadora y generó derechos para ella y su familia”, expuso.
Indicó que con las acusaciones falsas en contra del SITTGE que dio el mandatario estatal en sus declaraciones a la prensa, “violenta la libertad sindical y los derechos laborales de sus integrantes, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política, que establecen y reconocen el derecho de los trabajadores y trabajadoras a agremiarse, afiliarse y formar parte del sindicato que mejor decidan”, lo que también violenta los convenios 87, 98, 111 y 190 de México con la Organización Internacional del Trabajo.
En su intervención, el asesor legal del Sindicato, José Enrique González Ruiz aseguró tajante que “el gobernador no tiene derecho a negarnos derechos, debe informarse bien, podemos decir, es que está mal informado, bueno sí está mal informado, que se informe bien, sí no tiene buenos asesores, que contrate otros, pero que entienda que su papel respecto a los trabajadores estatales es cumplir las obligaciones, y con la compañera, María Antonieta me temo que no las cumplieron”, dijo tras lamentar que persiste el abuso laboral, la soberbia, la prepotencia y la terquedad por parte de sus funcionarios.
Refirió que a pesar de que el Sindicato le informó al gobierno estatal del padecimiento de la referida compañera desde el año 2017, y que aun así, en forma irresponsable la despidió ilegalmente, e inclusive recordó que el organismo sindical en dos ocasiones le reiteró la necesidad de brindarle atención médica, no hizo nada el gobernador, incumpliendo su responsabilidad como patrón ante sus empleados, por lo que señaló que el organismo gremial seguirá defendiendo a sus integrantes, lamentando que haya inventado que la finada era becaria, cuando oficialmente era trabajadora estatal.
Criticó que los infundios del mandatario estatal contra el Sindicato sólo vician la relación contractual, porque “meten ruido innecesario en la relación del sindicato con su patrón que es Gobierno del
Estado, no es papel del gobernador meter ruido en la relación con los sindicatos, su obligación es atender lo que la leyes le obligan atender respecto de sus trabajadores, y punto final, no se trata de otra cosa, nadie está pensando en hacer acciones fuera de la ley, está clarito lo que la ley dice”, insistió.
