- A pesar de que se informó a la autoridad estatal de la delicada situación de la salud de María Antonieta Vargas Guerrero, por no tener recursos para atender un padecimiento, a causa de que la despidieron ilegalmente y le negaron el derecho a la salud, el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona no hizo nada, y finalmente falleció.
- Hay otros dos casos similares que requieren urgente atención médica.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) lamenta profundamente la muerte de nuestra compañera, María Antonieta Vargas Guerrero a causa de un padecimiento, que se complicó severamente por la carencia de recursos económicos a la que la sometió el Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona al despedirla ilegalmente de su empleo, y con ello, negarle el acceso al derecho a la salud, lo que contribuyó a deteriorar su estado de salud, para que se diera el fatal desenlace.
La secretaria de tesorería y fundadora del Sindicato, Francisca Reséndiz Lara aseveró que hay luto en el SITTGE por la irreparable pérdida de quien fuera maestra del Programa Nacional de Ingles, enviándole sentidas condolencias a su familia, destacando que el mandatario estatal fue insensible al no brindarle la atención médica que requería, porque recordó que el 6 de julio difundió el caso ante la prensa, y apenas el jueves 13 del presente mes, se le recordó la urgencia de atender el caso, sin que hicieran acción alguna para apoyarla.
Señaló que tanto el Gobernador, como el Presidente, Andrés Manuel López Obrador son responsables del fatídico desenlace de María Antonieta Vargas Guerrero, y de lo que pueda suceder a los demás integrantes del SITTGE, por no resolver la problemática laboral que generó el actual gobierno estatal en contra de sus integrantes desde el 26 de septiembre del 2021, a pesar de solicitar institucionalmente una solución, y de que se han acudido a instituciones nacionales e internacionales para que se respeten sus derechos humanos y laborales, sin obtener respuesta.
Reséndiz Lara refirió que sí el gobierno estatal hubiera resuelto la minuta del 8 de abril del 2022 en ese momento, la fallecida integrante del Sindicato habría tenido su trabajo, y con ello, su salario para atenderse debidamente, y también hubiese podido tener acceso a un servicio médico adecuado para recuperar su salud, pero lamentó que el titular del poder ejecutivo del estado se niegue a resolver las demandas laborales, como se comprometió en las reuniones con el SITTGE el 22 de febrero del 2022 y el 14 de abril del 2023, pues ello ya derivó en el deceso de una trabajadora.
Indicó que hay otros dos casos de integrantes del organismo gremial, que requieren con urgencia de atención médica y medicamento, a quienes al igual que el caso de la finada, María Antonieta Vargas Guerrero, les niegan el derecho a la salud, al privarlos de su empleo sin razón legal alguna, y por lo que urgió al Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona para otorgarles atención para ambos trabajadores estatales, porque de igual manera, corren el riesgo de sufrir daños catastróficos a su salud.
Refirió que tal situación, junto con la del resto de miembros del SITTGE fue informada al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, porque el Gobernador se niegabrindarles el derecho a la salud, incumpliendo la instrucción que le dio el Presidente López Obrador.
ANALÍSIS JURÍDICO
De acuerdo con el Artículo 126 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, se cita que “Comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Incurre en homicidio por omisión, quien teniendo el deber de cuidado hacia un enfermo…se abstenga de prestarle protección o impida su tratamiento médico, influyendo con tal indolencia en su muerte”, por lo que el caso de la muerte de María Antonieta Vargas Guerrero pudiera ser atribuido al titular del poder ejecutivo del estado, porque él ordenó quitarle el servicio médico del IMSS y el de un hospital privado, a ella y a las y los trabajadores estatales, y a pesar de que recibió la orden de reintegrar tal prestación básica, se niega a cumplirlo, por lo que, bajo esta condición, el deceso referido sería su responsabilidad directa.
Y de igual forma, el Gobernador con esa negativa a brindar el derecho a la salud a la finada, también encuadraría en la comisión de otros posibles delitos relacionados en el caso referido, tal como el abandono de personas, feminicidio, yviolencia feminicida, sin dejar de mencionar que también habría violentado la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de San Luis Potosí, la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, así como los instrumentos internacionales en materia del Trabajo que el Estado Mexicano ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como son los Convenios 87, 98, 111 y 190.
