- El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) acudió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York, para denunciar al Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona por violar sus derechos humanos y laborales, al incumplir su obligación de respetar la integridad física y dignidad humana de sus miembros. Su secretaria de tesorería y fundadora, Francisca Reséndiz Lara refirió que ya se ha acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Federación Sindical Mundial, porque en San Luis Potosí y en el país, las autoridades estatales y federales no quieren resolver la problemática laboral que generó el titular del poder ejecutivo en contra de sus empleadas y empleados el desde que inició su sexenio.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) denunció al Gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona y al Gobierno Federal ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en la ciudad de Nueva York, por la permanente violación a los derechos humanos y laborales de sus integrantes, al incumplir su obligación legal y constitucional de apegarse al marco legal internacional, nacional y estatal, violentando la integridad física y dignidad humana de sus miembros.
En representación del SITTGE, su Secretaria de Tesorería, Francisca Reséndiz Lara señaló que ante la permanente represión física, e institucional en contra del organismo gremial y de su persona, en un clima de hostigamiento, amedrentamiento y persecución política por parte del mandatario estatal, ha sido necesario acudir a organismos internacionales para exigir justicia ante la continua violencia física, institucional y de género que ejerce en su contra, así también por la negativa de la federación para actuar en favor de los derechos humanos y laborales de las y los afectados.
Indicó que ya se ha acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Federación Sindical Mundial, porque lamentó que en el país no haya habido la voluntad para resolver la problemática laboral que generó Gallardo Cardona desde que inició su administración estatal, situación que en lugar de resolverse, se agrava en detrimento de la calidad de vida de las y los trabajadores afectados, y de sus familias, quienes no tienen un ingreso económico fijo, ni acceso a los servicios médicos al también negárseles el derecho a la salud.
Señaló que a pesar de que México ha firmado una serie de tratados, convenios, convenciones y protocolos, promoción, cumplimiento y defensa de los derechos humanos, incluidos los referentes a los derechos sociales, y a los laborales, ya se cumplen más de dos años que el titular del ejecutivo estatal los incumple, pisoteando la normatividad laboral federal y estatal, teniéndose que acudir al gobierno federal para solicitar solución a la grave problemática, sin que éste haya dado respuesta tendiente a resolver el conflicto laboral que perjudica a las y los empleados estatales.
Criticó que ya se hayan realizado más de 15 reuniones de trabajo con la autoridad estatal, desde el violento desalojo y represión policial que sufrieron los integrantes del SITTGE el pasado siete de abril, sin que se hayan resuelto las principales demandas laborales, entre las que se destacan la reinstalación del personal estatal ilegalmente despedido, el pago de sueldos a las trabajadoras y trabajadores activos, a quienes el gobierno del estado se los retiene sin fundamento jurídico, al igual que los recursos sindicales, además del hostigamiento al personal discapacitado de seguridad.
Resaltó que es necesario que el propio José Ricardo Gallardo Cardona cumpla su palabra de resolver la problemática laboral que él mismo generó en contra de sus empleados y empleadas, porque recordó que el 14 de abril del 2023 y el22 de febrero del 2022, en reuniones que sostuvieron con su persona, se comprometió a cumplir todos los puntos de la minuta del 8 de abril del 2022, que firmaron sus funcionarios en su nombre, y la del 21 de abril del 2021, pero que a la fecha no se han resuelto, pero sí siguen los despidos ilegales, la represión policial y el terrorismo institucional.
Confió en que los organismos mundiales puedan actuar para obligar que tanto el gobierno estatal, como el federal, se apeguen a la normatividad mundial, nacional y estatal en materia de derechos humanos y laboral, porque lamentó que en San Luis Potosí y en el país, no se demuestre la voluntad en hechos tendientes a resolver la situación de conflicto laboral, tan sólo se han limitado en el mejor de los casos, a escuchar las demandas laborales, sin resolverlas, poniendo toda clase de pretextos y obstáculos para evadir su responsabilidad, esperando que lo hagan, antes de que les forcé a hacerlo.
